El Fondo eleva en dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2025, pero avisa de que ahora «la mayoría de los riesgos son a la baja», destacando la guerra comercial y la fragmentación política interna.

En plena ceremonia del caos y la confusión en que ha convertido Donald Trump la política comercial de EEUU, disparando la incertidumbre mundial a cotas máximas, el FMI concluyó este jueves su tradicional examen anual a la economía española bajo el paraguas del Artículo IV de la institución. Y su diagnóstico sorprendió en positivo, al elevar en dos décimas su previsión de crecimiento en 2025, hasta el 2,5%, a pesar de la inestabilidad, el desconcierto y las tensiones geoeconómicas en el tablero internacional.

Es la segunda revisión al alza que efectúa en dos meses y medio, después de que el pasado 17 de enero la situara en el 2,3%, también dos décimas por encima del informe anterior, y la justifica por el «sólido desempeño» del PIB español en los últimos tiempos (creció un 3,2% en 2024, más del triple que la zona euro), «impulsado en gran medida por las exportaciones de servicios» y la buena marcha del mercado laboral, factores a los que se añaden el esperado repunte de la inversión por la bajada de los tipos de interés y el avance en la ejecución de los fondos europeos.

El mejorado pronóstico del FMI, que prevé que el consumo privado siga tirando del crecimiento gracias al aumento de los salarios reales y al gradual adelgazamiento del ahorro de los hogares, corrobora la posición de liderazgo de España entre las economías industrializadas, algo que se apresuró a destacar ayer el Gobierno. «Los fuertes fundamentos de la economía sientan las bases para que España siga en el grupo de cabeza entre los países desarrollados por segundo año consecutivo», resaltó el Ministerio de Economía.

España no es inmune a las turbulencias
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ni España es inmune a las turbulencias internacionales. Si bien el «impacto adverso» de la guerra arancelaria de Trump «se verá contenido por la limitada exposición comercial directa e indirecta de España frente a EEUU», según el FMI, advierte de que han aumentado las amenazas para la economía nacional. «España se verá menos afectada, pero esto no significa que no habrá impactos», señaló ayer el jefe de la misión para España del FMI, Romain Duval. Ahora, «la mayoría de los riesgos son a la baja». De hecho, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, anticipó el miércoles que la institución recortará previsiblemente su proyección de PIB para este año, actualmente en el 2,7%.

Esos riesgos a la baja se presentan en una doble vertiente: externa e interna. De puertas afuera, «un riesgo externo clave es una nueva escalada de las medidas comerciales, en especial las que involucran directamente a la UE», señaló el Fondo, advertencia que se produjo al día siguiente de que Trump pausara durante 90 días el misil arancelario lanzado contra el bloque, amenaza que, en cualquier caso, sigue estando latente, generando una gran incertidumbre.

Pero el peligro no proviene solo del exterior. El FMI advierte de la fuerte inestabilidad interna, donde la «fragmentación política podría impedir una respuesta fiscal si la reducción del déficit de España no llegara a cumplir los compromisos asumidos en el marco de gobernanza de la UE o si en el mercado surgieran inquietudes acerca de los riesgos soberanos en Europa».

A ello se añaden la todavía abultada deuda pública «y las inminentes presiones de gasto» en el sistema de pensiones por el envejecimiento de la población, que «entrañan riesgos fiscales a medio plazo». Precisamente, la institución urge al Gobierno a «abordar las presiones fiscales derivadas de la creciente brecha proyectada entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social, dando prioridad a medidas que favorezcan el empleo». Esto es, considerar «alternativas a la subida de los tipos de cotización» para evitar dañar la creación de empleo, por ejemplo alargando «aún más el período en base al cual se computan las prestaciones».

La institución cuestiona el impuesto a la banca del Gobierno y pide suprimirlo
España necesita «recomponer» su espacio fiscal más rápidamente de lo que lo está haciendo ante el turbulento panorama internacional y reducir así riesgos de deuda soberana ante nuevos shocks. Y eso pasa, según el FMI, por adelantar el ajuste fiscal equivalente al 3% del PIB prometido por el Gobierno para 2025-2031 y acometerlo ya en el próximo trienio (de aquí a 2029). Pero también de una reordenación y «una estrategia más clara» en materia fiscal, con la armonización, por ejemplo, de los tipos del IVA o el fortalecimiento de la fiscalidad verde, empezando por «igualar los impuestos especiales sobre de diésel y la gasolina».

En este contexto, el Fondo enfatiza que estas y otras medidas deberían «sustituir a otras ad hoc y de menor calado, como el impuesto a la banca rediseñado, que debería discontinuarse al final de su plazo de tres años». Todo ello en un contexto en el que el FMI pide «una distribución prudente de dividendos» (ver pág. 27) dentro de un proceso para «reforzar aún más la resiliencia de los bancos».

España debe replantearse la reducción de jornada y el control de los alquileres
Entre los asuntos puestos en tela de juicio por el FMI sobresalen dos que han marcado la agenda en España en los últimos meses: la reducción de la jornada laboral y los problemas de acceso a la vivienda ante el fuerte desajuste entre oferta y demanda, que está tensionando cada vez más los precios. Sobre el recorte de jornada, advierte al Gobierno de que «debe diseñarse cuidadosamente para mitigar los efectos adversos sobre la producción y los ingresos de los trabajadores» y recuerda que las experiencias en otros países apuntan «a impactos adversos sobre la producción y el crecimiento de los salarios tras la reforma».

Sobre la vivienda, considera que el rápido incremento del precio no plantea de momento riesgos para la estabilidad financiera, pero advierte de la necesidad de una estrecha vigilancia del mercado, mientras que insta al Ejecutivo a reevaluar el control de precios del alquiler y abandonarlo «en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres».

Fuente: Expansión