Víctor de Aldama, el principal comisionista del ‘caso Koldo’ y artífice de uno de los mayores fraudes de los hidrocarburos, utilizó hasta 50 empresas para eludir el pago de hasta 182 millones a la Agencia Tributaria. La cabecera de la trama es Villafuel como operadora, una empresa que cuelga de la sociedad holding Still Growing, controlada tanto por Aldama como por su socio, Claudio Rivas, y cuya licencia fue conseguida por la relación del comisionista con altos cargos del Gobierno y del PSOE, según explica la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

A partir de ahí, la red contó con la colaboración de hasta siete suministradoras distintas, que estaban administradas por once testaferros, pero gestionadas en realidad por la organización criminal. Se trata de Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón Plaza, Skyward Tech y Espaeventos. Sobre estas empresas instrumentales recaía la responsabilidad del impago del IVA que se tenía que abonar, de manera que, la trama podía ofertar sus productos a precios más bajos que los de sus competidores.

Más allá de estas compañías, la red utilizó también una estructura patrimonial tanto en España como en Portugal para ocultar la procedencia del dinero. De hecho, el país vecino se sitúa, según los investigadores, en el «centro de las operativas compatibles al blanqueo de capitales orquestadas». En el mercado español, la red controlaba firmas como Deluxe Fortune o MTM 180 Capital y en el de Portugal Calculo Corriente Unipessoal o Aroundpages.

Los fondos eran desviados a cuentas o sociedades en Suiza o Luxemburgo. En el Gran Ducado contaba además con la colaboración de firmas como Stronghold Topco o Garden Invest Group para llevar a cabo dicho blanqueo de capitales.

Tal y como informó el pasado sábado este periódico, a partir de los fondos generados con el fraude, la trama constituyó, además, una red de sociedades inmobiliarias para invertir en el sector del ladrillo con firmas como Pilot Real Estate e Inversiones Inmobiliarias Puente Pedrera.

Además de este complejo entramado de sociedades, la trama contaba con otras entidades para la emisión de facturas falsas que, según la AEAT (Agencia Tributaria), se utilizaban para justificar algunas de las operaciones comerciales de la red. Entre éstas destacan, por ejemplo, Diseño Fabricación y servicios integrales, Madrid Diésel, Manipulados y Derivados Metalúrgicos o Cacera Concejo.

La facturación
En cualquier caso, los ingresos de facturación de la operadora, Villafuel, fue uno de los elementos que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria. La sociedad, que multiplicó por más de veinte sus ingresos, pasó de facturar en 2020 36,2 millones de euros a alcanzar unas ventas en el último ejercicio de 815,9 millones, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. En la misma línea también, el resultado después de impuestos se incrementó desde 1,6 millones a 20,9 millones de euros.

Fuente: El Economista