Los consejos de administración de las compañías se enfrentan a más riesgos que nunca y el principal punto donde los responsables del gobierno de las empresas han puesto el énfasis es en los asuntos tributarios. Los consejos han entrado de lleno en la función fiscal, que ya es pieza clave en cualquier decisión empresarial, por lo que es habitual que cada trabajo en esta materia se eleve a dicho órgano, cuya decisión, en casi todas las ocasiones es huir de los riesgos.

Sin embargo, no es fácil minimizarlos. El aumento de la incertidumbre, la dificultad técnica y legislativa de los impuestos y su creciente relevancia social -que genera problemas de reputación- hacen de este control un reto. La reforma de 2015 de la Ley de Sociedades de Capital ha forzado a fuertes cambios en el gobierno corporativo de las sociedades. Para las compañías cotizadas, la norma incluye un listado de facultades del consejo de administración que son indelegables. Entre ellas, destaca la definición de la estrategia fiscal de la compañía y la facultad de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como su supervisión. De esta forma, los consejeros ya no pueden delegar las decisiones en materia tributaria.

Más control de Hacienda

Los consejeros y los administradores de las compañías se muestran cada vez más preocupados por el aumento de las derivaciones de responsabilidad, extreman la precaución fiscal ante la persecución de Hacienda. Uno de los puntos que más preocupan es, precisamente, el control cada vez mayor de Hacienda a los administradores.

El Plan de Control Tributario y Aduanero de 2023 lo reconoce: «Dada la eficacia demostrada como instrumento de prevención y control del fraude en fase recaudatoria, durante 2023 se continuará activamente con las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables u otras personas a cuyo cargo la ley impone la obligación de pago, y a acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de las deudas», señala el documento.

Para ello, Hacienda propone reforzar las medidas cautelares. «Igualmente, para prevenir y combatir el riesgo de impago como consecuencia de conductas de vaciamiento patrimonial u otras que puedan poner en riesgo el cobro de las deudas, se potenciará la adopción de las medidas cautelares previstas legalmente y que sean pertinentes para mitigar dicho riesgo, asegurando el buen fin de los procedimientos recaudatorios de los que traigan causa», destaca el plan.

La reforma legislativa de 2015 y el aumento de control de la Agencia Tributaria ha obligado a las empresas a ponerse al día. Los programas de cumplimiento son esenciales.

Fuente: Expansión