Tras una serie de avisos previos, la Comisión Europea se despide oficialmente de la relajación fiscal de los años de pandemia. En 2024, los presupuestos de los países europeos tendrán que reajustar sus cuentas para que su déficit público se sitúe en el objetivo máximo del 3% del PIB y se vayan corrigiendo los excesivos niveles de deuda, según la petición hecha este miércoles por el Ejecutivo comunitario. De esta forma, Europa desactiva la cláusula que le permitió dar rienda suelta a la chequera pública para paliar los estragos de la guerra en Ucrania.

Pero no será un retorno total a las viejas normas, que limitaban la deuda al 60% del PIB, pues se tiene previsto que se adecúen a la realidad económica de cada país. Esto quiere decir que no se van a abrir procedimientos correctores para los países que tienen problemas fiscales; para eso habrá que esperar hasta la primavera del año que viene. “La incertidumbre todavía es muy alta”, ha justificado el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni.

El documento precisa que las trayectorias fiscales de los países miembro deben garantizar que el déficit presupuestario se situará como máximo en el rango del 3% del PIB dentro del periodo cubierto por los Planes de Estabilidad, es decir hasta 2026. La Unión Europea ha gastado un total de 657.000 millones de euros en paquetes de ayuda para aliviar el impacto de la crisis energética, según los últimos cálculos del observatorio económico Bruegel.

La Comisión tiene previsto retomar la apertura de procedimientos de déficit excesivo en la primavera del próximo año a todos aquellos países que tengan una deuda y un déficit superior al recomendado, independientemente de las negociaciones para reformar las reglas fiscales. Según se lee en el documento, “los Estados miembros deben tenerlo en cuenta en la ejecución de sus presupuestos de 2023 y en la elaboración de sus programas de estabilidad y convergencia esta primavera y de los proyectos de planes presupuestarios para 2024″.

España, junto a Grecia e Italia, sufre un ratio de deuda muy elevada, que en el caso nacional alcanzó el año pasado el 116% del PIB. Por su parte, el año cerró con un déficit del 4,5%, según las estimaciones de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esta delicada situación fiscal hace que pueda ser uno de los países más afectados por las nuevas reglas fiscales. Según las estimaciones oficiales, el Gobierno ha gastado 45.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra y creen que el déficit se situará por debajo del límite requerido hasta 2025, año en que la deuda habrá descendido aproximadamente al entorno del 110% del PIB.

Cada país propondrá su propia senda fiscal, que después será evaluada por la Comisión Europea sobre la base de unas “orientaciones de política fiscal específicas a cada Estado miembro”. El indicador que las autoridades comunitarias utilizarán en dichas recomendaciones será el nivel de gasto primario neto (gasto neto de medidas de ingresos discrecionales y excluidos los gastos de intereses, así como los gastos de desempleo cíclico). El comisario de Economía ha detallado que los requisitos estarán “diferenciados” en función de los “retos” para la sostenibilidad de la deuda que afronte cada uno.

“Es un delicado ejercicio de equilibrio, y es necesario porque es importante avanzar ya ahora hacia un marco sólido y creíble”, ha precisado Gentiloni, añadiendo que esto es una fase transitoria y que el bloque debe trabajar a marcha forzada para acordar las nuevas reglas “tan pronto como sea posible”.

Por otro lado, el documento de la Comisión también insta a los gobiernos a seguir reduciendo las medidas energéticas que han desplegado en los últimos meses si los precios mayoristas siguen “estables” y solo reactivar medidas orientadas a los hogares y las empresas más vulnerables si suben de nuevo, para evitar una carga excesiva sobre el gasto público.

Fuente: Cinco Días