Lejos de finalizar con la declaración de inconstitucionalidad del tributo en otoño de 2019, la controversia judicial en torno al llamado impuesto de la Plusvalía municipal podría volver a estallar en los próximos meses. Así lo teme la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), que alerta de que la decisión del Tribunal Supremo de acotar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional puede suponer un «choque de trenes» que dispare la «inseguridad jurídica» en la tributación municipal.

Todo comenzó cuando el Constitucional declaró nulo el sistema de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), como se denomina oficialmente el tributo, en un fallo emitido el 26 de octubre de 2021 que no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 25 de noviembre de aquel año. Aquella fue la tercera y definitiva sentencia en contra un gravamen que propiciaba unos 2.500 millones de euros anuales a los ayuntamientos, un varapalo a las arcas municipales que el tribunal quiso amortiguar impidiendo el recobro de las cuantías tributadas que no hubieran sido ya reclamadas a la fecha del fallo (evitando la nulidad de las liquidaciones firmes que no hubieran sido impugnadas pero también de aquellas en plazo de rectificación).

A partir de ahí, sin embargo, como anticipó EXPANSIÓN, varios tribunales comenzaron a dictaminar que el blindaje sobre las devoluciones tributarias no cobraba efecto hasta la publicación del fallo en el BOE, lo que abría la puerta a recuperar el impuesto a los contribuyentes que hubieran reclamado durante el mes inmediatamente posterior al anuncio de la sentencia. Ante la incertidumbre desatada por las interpretaciones contrapuestas, el Tribunal Supremo acaba de admitir ahora la cuestión de dirimir la fecha en la que el fallo surte efecto.

Los Inspectores de la Hacienda Local, por su parte, consideran que «los principales perjudicados por dicha inseguridad jurídica son tanto los contribuyentes como las Administraciones Públicas a nivel local, es decir, ayuntamientos y diputaciones: víctimas todos ellos de la indiferencia del legislador y de la litigiosidad que rodea a los impuestos y tributos». El pronunciamiento del Supremo, advierten, puede dar al traste con el blindaje desplegado por el Constitucional, lo que agrava una situación que «está volviéndose insostenible» pues de una forma u otra su decisión «afectará negativamente una de las dos partes».

Los Inspectores asumen que el problema de la «litigiosidad» en los tributos locales, que afecta también al de matriculación, construcción o el IAE, responde al mantenimiento de «esquemas tributarios decimonónicos» que debieran reformarse. De momento, el fallo del Constitucional obligó a Hacienda a impulsar una reforma exprés del impuesto de Plusvalía, que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021, reformulando su método de cálculo para salvaguardar su aplicación.

Fuente: Expansión