El nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas que acelera la titular de Hacienda, María Jesús Montero nace entre la absoluta incertidumbre por la amenaza de la doble imposición, la confiscatoriedad y por invasión de competencias sobre las Comunidades Autónomas. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, confirmó hace unas semanas ante los Inspectores de Hacienda la celeridad con la que el departamento de Montero quiere poner en marcha el tipo. Y así lo recogen también los propios Presupuestos, que cuentan con una potencia recaudatoria de 1.500 millones de euros ya en las cuentas de 2023.

Varias son las voces que desacreditan la viabilidad de este nuevo impuesto. Ayer, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señaló no solo los problemas legales, también los políticos. Como injerencia sobre las competencias de las Comunidades Autónomas (CCAA), el Gobierno, intuyen desde Fedea, actúa bajo «el deseo de imponer a ciertas comunidades autónomas las preferencias tributarias del actual Gobierno central».

Tipo inconstitucional

Tal como se ha diseñado el nuevo tributo, señalan, las CCAA tendrían todos los incentivos para recuperar e incluso subir su propio impuesto para patrimonios superiores al umbral estatal, pues lo que no cobren ellas se lo llevará el Estado sin que haya ahorro alguno para sus ciudadanos. Por lo tanto, el nuevo tributo limita por la puerta de atrás la capacidad de las comunidades autónomas de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de inconstitucionalidad, o de nulidad por invasión de competencias.

Según declaró también a en una entrevista con este medio el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, este nuevo impuesto » anacrónico y no existe en países de la Unión Europea» por las fuertes distorsiones que provoca en términos de deslocalización de contribuyentes y de ahorros y por los problemas de doble imposición y confiscatoriedad que supone en la práctica, lo que a la postre contrae el empleo, y no creo que eso sea muy solidario».

Según informaba elEconomista.es la pasada semana, dentro del texto legislativo de la banca se incluye una enmienda para incluir este nuevo impuesto a las grandes fortunas. La novedad es que, si sale adelante, Moncloa se reserva la decisión de prorrogar la normativa más allá de los dos próximos ejercicios para los que estaba contemplado el nuevo impuesto en un principio.

Este cuestionado procedimiento se salta el debate legislativo y obedece a los intereses de Esquerra Republicana, socios del Gobierno de coalición. Recordemos, estaría planteado con tipos del 0% hasta tres millones, del 1,7% entre esta cifra y los 5,34 millones; del 2,1% hasta los 10,7 millones, y del 3,5% en adelante.

En todo caso, desde el análisis económico y legal, los expertos de Fedea llaman a evitar el confrontamiento territorial por el nuevo impuesto. Por el choque de competencias, consideran, «se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie».

Impacto económico

Además, el impuesto sobre las grandes fortunas lanza un doble obstáculo para la economía española. De forma contraproducente, amenaza con actuar de manera negativa sobre el propio crecimiento económico y la creación de valor.

Con un tipo del 3%, el impacto sobre el PIB alcanza el 2,5% en 2030, lo que supone unos 3.000 millones de euros a precios corrientes de 2022, denuncian desde Freemarket. Además, podría llegar a incidir de forma negativa sobre el stock de capital con caídas en rangos cercanos al 6%.

Fuente: El Economista