Puig ha hecho el anuncio de este cambio impositivo durante una conferencia organizada por el Foro Nueva Economía, y ha señalado que «estamos trabajando en una revisión fiscal global en el ámbito competencial de la Generalitat. Una nueva reforma fiscal adaptada a este tiempo de inflación para ayudar a las clases medias y trabajadoras, para proteger más a la población vulnerable y para impulsar la creación de empleo».
El presidente ha añadido que esta reforma «no puedo concretarla. Es una cuestión que que se está estudiando en la Conselleria de Hacienda con un grupo de expertos y que empezaremos a hablar de ella en el Seminario de Gobierno que tendrá lugar este fin de semana el Alcoy».
Solo ha apuntado, como parámetros de esta reforma, que «se trata de ajustar el esfuerzo a la realidad de la inflación. Buscar medidas paliativas para que los más vulnerables tengan menos problemas para afrontar su presencia en el supermercado. Por otra parte, para que las clases medias puedan salir mejor paradas, al tiempo que tenemos que facilitar que las empresas también tengan todas las posibilidades para mantener y acrecentar el empleo».
Todo apunta a que la concreción de este anuncio se la guarda Puig para el debate de política general, que se prevé que tenga lugar a finales de este mes de septiembre.
Hay que subir los salarios
Aparte del este anuncio, y de avanzar también más ayudas para las comarcas afectadas por el incendio de Bejís, Puig ha dado también su opinión sobre la cuestión salarial en la situación inflacionaria. «Nos preguntamos: ¿Hay que subir los salarios? Lo dice Europa y parece lo razonable», ha señalado el dirigente socialista valenciano. En su opinión, este incremento salarial debe producirse tanto en el sector público como en el sector privado. Puig ha afirmado que preservar el empleo es una prioridad y también destaca la reducción de contratos temporales y que subir el salario mínimo «parece lo justo ante una inflación del 10%» y señala que existe el riesgo de que se puedan producir impagos en las hipotecas.
Añade que hay que proteger la competitividad de las empresa y ser conscientes del aumento de los costes de las empresas y «la respuesta se llama diálogo social».
Su máxima ha sido «ni beneficios extraordinario ni sufrimientos extraordinarios», y que ahora «no toca pensar en las urnas sino en las neveras».
Sobre las necesidades de intervenir los mercados energéticos apunta que «no se puede entender que mientras tenemos un sufrimiento colectivo alto haya empresas que tengan altísimos beneficios».
Fuente: Expansión
