El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, uno de los compromisos adquiridos con Europa como hito del componente 11 del Plan de Recuperación y Resiliencia, plan por el que España puede llegar a recibir hasta 69.000 millones de euros en subvenciones, siempre y cuando vaya cumpliendo con las obligaciones adquiridas con la Comisión.

Por debajo del crecimiento

La autorización de Moncloa a esta nueva legislación llega ocho meses más tarde de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase en un Consejo de Ministros, de mediados de septiembre del pasado año, la modificación del Estatuto de la AIReF para la creación de una división del gasto público. Y llega, también, justo 24 horas más tarde de que ayer la Comisión Europea estableciera el Paquete de Primavera del Semestre Europeo, con las Recomendaciones específicas para España, donde receta: prudencia fiscal y contención del gasto público en 2023.

En particular, la UE suscribe la limitación del crecimiento del gasto corriente financiado por el Estado por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y empresas más vulnerables respecto a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania.

En definitiva, una declaración, por parte de Bruselas que, si bien da carta de naturaleza a la prórroga, un año más, de la reglas fiscales que controlan la deuda y el déficit público de las arcas de los estados miembros, en nuestro caso puntualiza la necesidad de perseguir el control del gasto público, puesto que avisa, hemos de «estar preparados para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación».

Preguntado el Gobierno por las recomendaciones de la UE, la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, mantiene que España ya está trabajando en esa senda fiscal que reduce déficit y deuda, y tanto es así -explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero-, que el Gobierno afirma que en 2021 ha reducido el déficit en el mayor porcentaje de su historia, pasando del 10,7% del PIB al 6,7%, subrayando también que reducirá el déficit por debajo del 3% en 2025. No en vano, la deuda pública del Estado roza el mítico 118% del PIB, y el gasto público se ha situado, por primera vez, por encima del 50% del PIB.

El IRPF de Ayuso

En esta foto fija del momento, Calviño también descarta bajadas tributarias como las que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -deflactar todos los tramos autonómicos del IRPF para el próximo año-, pues en opinión de la vicepresidenta primera, las recomendaciones de la Comisión «son muy claras con respecto a no poner en riesgo estos objetivos de responsabilidad fiscal y no abordar modificaciones fiscales generalizadas».

Y aunque miembro del PSM, Juan Lobato, líder de esta formación y opositor en la Asamblea de Madrid, de Ayuso, se muestra partidario de deflactar a los contribuyentes de esta región el IRPF, por entender que es una «propuesta socialista», y porque según Lobato, Madrid tiene una inflación superior al resto de España, a pesar de que los datos oficiales indican que la Comunidad de Madrid ha registrado un inflación del 7,7%, frente al 8,3% a nivel nacional.

Fuente: El Economista