El ministerio deja sin cubrir una de cada cuatro plazas de la plantilla. De los 34.872 puestos laborales del Ministerios, se cubren 27.197 plazas.

El ministerio de Hacienda prescinde a día de hoy de un 17% de los inspectores pese a que el presupuesto del organismo público cuenta con una partida consignada para la contratación de estos funcionarios, necesarios para el gran objetivo de persecución del fraude fiscal que promulga el Gobierno de coalición. Concretamente, de los 2.458 puestos que se habilitan para el cuerpo de inspectores de Hacienda, en este momento se encuentran cubiertos 2.021, por lo que restan 437 puestos vacantes.

No en vano, esta misma tesitura se reproduce en todos los niveles del cuerpo funcionarial del gabinete dirigido por la ministra Hacienda, María Jesús Montero. Del total de la plantilla, el Gobierno prescinde en este momento de un 22% de los puestos consignados con dotación económica por Presupuestos Generales del Estado. Del total de 34.872 puestos habilitados, son 27.197 los que se encuentran efectivamente ocupados en este momento, es decir, el 78% del total.

En la misma situación que los inspectores se encuentran los técnicos de Hacienda. En este momento, hay un total de 8.965 puestos habilitados, si bien, se contabilizan un total de 1.513 puestos vacantes, es decir, el 16,8% del total. Entre otros, también restan por cubrir 1.433 puestos de administrativos, agentes HP, SVA e informáticos del subgrupo C1 (el 23,3%), y 1.033 puestos de auxiliares, SVA, informáticos del subgrupo C2 (el 12,1%).

De este modo, el pliego de personal del Ministerio de Hacienda, al cual ha tenido acceso elEconomista en exclusiva, muestra la pérdida de potencial para la persecución del fraude fiscal del organismo por la falta de trabajadores para cubrir todas las vacantes.

Dietas para los examinados

En el mismo plano de los recursos humanos del sector público, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que establece la obligatoriedad de la Administración General del Estado (AGE) de abonar dietas a los empleados públicos que tengan que desplazarse a otra localidad para asistir a exámenes de promoción interna.

El TSJM amparó el pago de estas dietas para una funcionaria que las reclamó, pero la Administración recurrió en casación al Supremo. Ahora, el Alto Tribunal ha ratificado la sentencia del TSJM y ha fijado doctrina, estableciendo el derecho de los empleados públicos a cobrar esas dietas cuando se desplacen a otra localidad para realizar exámenes de promoción interna.

A lo largo de los últimos años, se han dado diferentes procedimientos judiciales para que estas dietas fueran abonadas. Con el fallo del Supremo, el sindicato ha pedido a la Administración del Estado «que se allane a todas las reclamaciones pendiente de resolver y proceda al pago inmediato de estas indemnizaciones». La sentencia afecta a centenares de personas que a lo largo de los últimos años se tuvieron que desplazar a una localidad diferente de su residencia habitual para realizar pruebas selectivas.

Fuente: ElEconomista.es