Lasquetty denuncia el «castigo en los Presupuestos y reclama más inversiones. Aboga por las rebajas fiscales para ayudar a los ciudadanos y a las empresas. Los PGE «incluyen todo lo que no se debe de hacer en plena crisis», asegura.

La Comunidad de Madrid estima en 5.900 millones de euros el coste que tendrá para los contribuyentes madrileños armonizar los impuestos de gestión autonómica, como son Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF. Así se lo manifestó ayer el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty sobre la intención del Ejecutivo central de trabajar para que todas las comunidades autónomas apliquen el Impuesto de Patrimonio. Solo la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%.

«Obligarnos a restablecer un impuesto obsoleto como el de Patrimonio supone una vulneración del principio de autonomía fiscal, y no lo vamos a consentir», subrayó Lasquetty. «Los madrileños no quieren pagar más impuestos, mucho menos el de Patrimonio, que no tiene ningún otro país europeo», añadió.

Según Lasquetty, las cuentas públicas para el próximo ejercicio, «incluyen todo lo que no se debe de hacer en plena crisis: subir los impuestos y elevar de manera desorbitada el gasto público, que solo va a conseguir aumentar el déficit y la deuda». En materia fiscal, el consejero recordó que las principales economías europeas, como Alemania, Francia o Reino Unido, están apostando por aprobar rebajas fiscales «ya que es la mejor receta para superar esta crisis, es decir, aliviar la presión tributaria para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a superar el bache y poder seguir adelante».

El titular de Hacienda madrileño también se refirió a las transferencias estatales destinadas a inversiones que recoge el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Según esta previsión, mientras en esta materia se congela la cuantía destinada a la Comunidad, por lo que recibirá 1.250 millones de euros, en Cataluña aumenta un 48% o un 57,3% en la Comunidad Valenciana. «El Gobierno está aplicando un castigo injusto e innecesario a la Comunidad de Madrid, a pesar de que somos la región más solidaria y la que aporta más», concluyó.

Fuente: ElEconomista.es