España destina cada año más de 60.000 millones de euros a ayudas fiscales que en muchos casos tienen un efecto nulo, o incluso negativo, en la redistribución de rentas.

Los beneficios fiscales son las diferentes ayudas públicas que reducen la factura impositiva de los contribuyentes ya sea con exenciones, reducciones de las bases imponibles o descuentos en la cuota final. España destina cada año más de 60.000 millones de euros a estas ayudas, esto es, un coste similar a toda la recaudación anual del IVA o del IRPF.

Estas ayudas tienen objetivos concretos, como son el fomento de la inversión, del ahorro, o incluso favorecer la redistribución de la renta. La realidad es que estos beneficios se concentran en las rentas altas y las grandes empresas, de modo que son los grandes beneficiarios. Por el contrario, los resultados en la lucha contra la desigualdad son escasos y poco eficientes. La conclusión inequívoca es que la vía más eficiente para luchar contra la recaudación es el gasto público destinado a las rentas bajas. La redistribución por la vía de los impuestos tiene un efecto muy limitado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el miércoles el primero de sus estudios sobre beneficios fiscales que contempla casi el 60% del total, unos 35.000 millones de euros anuales. Entre los resultados obtenidos por la Autoridad Fiscal a partir de los datos facilitados por la Agencia Tributaria es que la distribución de estos beneficios fiscales se concentra en torno a las grandes rentas. De ahí que sus resultados para combatir la desigualdad sean más bien escasos.

Entre los tributos analizados por la AIReF se encuentran los tres principales: IVA, IRPF y sociedades y en todos ellos los beneficios fiscales se concentran en las grandes bases tributarias.

IRPF

En el IRPF la AIReF ha analizado beneficios fiscales que suman el 61% del total de ayudas públicas a este tributo. Aunque cada beneficio tiene un impacto diferente, en suma, “la mayor parte del coste recaudatorio se concentra en las rentas altas”, explica la institución en su informe. El gráfico es elocuente y muestra cómo a partir del décimo decil de renta (el 10% con más ingresos) se concentra el grueso de las ayudas.

De todos los beneficios fiscales hay dos que son claramente regresivos porque solo pueden acogerse las rentas altas: la deducción por la aportación a planes de pensiones y por el arrendamiento de viviendas. Estos dos incentivos tienen un coste anual de casi 3.000 millones de euros que se destinan casi en exclusiva al último decil de renta. Resulta evidente que las rentas bajas no pueden poner en alquiler sus propiedades inmobiliarias porque no tienen. Y tampoco pueden ahorrar en planes de pensiones porque no disponen de ahorro o es muy escaso.

Estos dos beneficios fiscales de forma conjunta elevan la desigualdad en casi un 30% (medida a través del índice de Gini). Por ejemplo, en el caso de los planes de pensiones, sólo el 1% con más renta recibe una ayuda de más de 250 millones de euros cada año. Por el contrario, el 20% con menos renta no recibe nada porque no puede hacer aportaciones. Una situación similar ocurre en la deducción por arrendamientos: en torno al 50% con menos renta apenas logra ningún beneficio fiscal. Este se concentra básicamente en el 10% de los declarantes con más ingresos, que son aquellos que tienen patrimonio suficiente como para alquilarlo y lograr una deducción significativa.

Existen otros beneficios fiscales que contrarrestan en parte el efecto negativo de estos dos. El más importante es la reducción por rendimientos del trabajo, de la que se benefician los contribuyentes cuyos ingresos netos sean inferiores a 16.900 euros anuales. Esta ayuda reduce la desigualdad en torno a un 20%, ya que se dirige exclusivamente a las rentas más bajas. Como consecuencia, el 50% con mayor renta apenas puede acogerse a este beneficio, sin embargo, entre los trabajadores que sí están afectados, la reducción del tipo efectivo en el IRPF se sitúa en el entorno de los 2,5 puntos porcentuales. Una cuantía muy significativa.

Existen otros beneficios pero cuyo impacto sobre la desigualdad es inferior. Es el caso de las deducciones de carácter social, en especial las de maternidad y familia numerosa. En estos casos, aunque los beneficiarios se reparten casi por igual en todos los tramos de renta, beneficia con especial intensidad a las rentas muy bajas.

IVA

En el caso del IVA, los beneficios fiscales se canalizan a través de los tipos reducidos (del 10% y del 4%) y las exenciones, principalmente las de educación, sanidad y servicios financieros. España es el tercer país de la eurozona que más beneficios concede a través del IVA, lo que da muestra del potencial de estas ayudas. En total ascienden al 2,1% del PIB, una cuantía equivalente a la recaudación de todo el impuesto sobre sociedades o de los impuestos especiales.

El objetivo de los tipos reducidos del IVA es facilitar el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad a las rentas bajas. Aunque el efecto total que tienen sobre la redistribución de la renta es positivo, su eficiencia es muy baja. Redistribuyen porque las rentas bajas destinan casi toda su renta al consumo, de modo que los beneficios sobre el porcentaje de sus ingresos es más alto. Pero la realidad es que la mayor parte de las ayudas van a parar a las rentas altas.

El 40% de los contribuyentes con más ingresos perciben el 62% del beneficio fiscal de los tipos reducidos. El diseño de algunas de estas ayudas hace que estén destinadas básicamente a las rentas altas. Por ejemplo, hay 6.700 millones en beneficios fiscales que van destinados a bienes y servicios en los que más del 70% del consumo lo realizan rentas de más de 40.000 euros netos al año.

Es el caso de los servicios de turismo (transportes y hostelería), restauración o cultura. En estos sectores, el consumo crece de forma exponencial con la renta, de modo que son los ciudadanos con más ingresos quienes se benefician del grueso de las ayudas. El resultado es que la eficiencia de todos los beneficios fiscales en el IVA es muy reducida. La AIReF ha analizado el impacto sobre el índice de Gini de los tipos reducidos en comparación con el programa de rentas mínimas que propuso la institución hace un año. El resultado es más que contundente: esta segunda política multiplicaría por ocho los resultados en la reducción de la desigualdad.

Impuesto sobre sociedades

No solo los ciudadanos con rentas altas acaparan los beneficios fiscales, también las grandes empresas consiguen un tratamiento favorable en el impuesto sobre sociedades. La AIReF ha analizado básicamente tres ayudas, los incentivos a la inversión en I+D+i, los tipos reducidos para sicavs y socimis y la deducción por donativos. En total, estos beneficios fiscales ascienden a casi 700 millones de euros anuales y se destinan casi en exclusiva a las grandes empresas.

En concreto el 90% de las ayudas van directamente a las empresas situadas en el último decil de ingresos. Esto significa que ni las pequeñas ni las medianas empresas pueden acceder a estas ayudas. En el caso de las socimis y sicavs, porque el grueso de estas empresas generan un volumen de negocio muy elevado y, por tanto, se sitúan en el último decil de renta.

Pero las ayudas a la inversión también se limitan a las grandes empresas. Las pymes españolas apenas realizan inversión y subsisten con esquemas de bajo valor añadido. Esto significa que son las grandes quienes se reparten estas ayudas. De ahí que resultará interesante conocer si esos beneficios fiscales cumplen con el objetivo de incentivar la I+D+i, o simplemente son una ayuda a unas empresas que invertirían en cualquier caso. La AIReF tenía encargado culminar este informe antes del verano, pero como consecuencia de la pandemia de la covid-19 no ha podido completar su trabajo y no estará disponible hasta septiembre.

Fuente: ElConfidencial.com