El Gobierno acota el secreto profesional del gremio al trasponer la directiva europea DAC 6 que obliga a los asesores a denunciar planificaciones internacionales dudosas.

El Gobierno abordó ayer una obligación pendiente al impulsar la adaptación a la legislación española de la polémica Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita el secreto profesional de los asesores tributarios obligándoles a denunciar las prácticas agresivas de sus clientes en el ámbito internacional.

La medida, en forma de proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, obligará a asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras que ejerzan como intermediarios fiscales a dar parte a la Agencia Tributaria de mecanismos transfronterizos internacionales (sean operaciones, negocios jurídicos, esquemas o acuerdos) que supongan una planificación fiscal agresiva. La UE reconoce como tal prácticas como la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación; la adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente; o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor. No es necesario que la práctica suponga fraude o elusión fiscal, basta con que concurran indicios. En caso de incumplimiento, el asesor se expone a multas de 2.000 euros por cada dato omitido o inexacto, por un mínimo de 4.000 euros.

La norma también reconoce, regula y acota el secretor profesional de los asesores fiscales. Si se acogen a él, la obligación de informar recaerá sobre el contribuyente. Sin embargo, para “evitar un uso injustificado y desproporcionado” de esta protección, explica Hacienda, “no están amparados por el secreto profesional los intermediarios que diseñan, comercializan, organizan o gestionan la ejecución de un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal” ni quienes “asesoren para procurar o facilitar” su aplicación. Solo podrán acogerse a esta figura los “intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal”.

“En un momento como el que vivimos actualmente se hace todavía más importante que nunca proteger nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten o impidan obtener los recursos necesarios”, defendió ayer la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, concluyendo que “sería injusto para aquellos que contribuyen” que otros sorteen sus obligaciones tributarias. Para el Gobierno, dijo Montero, siempre ha sido “una prioridad la lucha contra el fraude y la elusión fiscal”. “No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, remachó.

La transposición de la directiva, sin embargo, debía haberse completado antes del cierre de 2019, si bien la parálisis política, primero, y el estallido de la pandemia, después, han retrasado su adaptación. La norma europea rige desde el 25 de junio de 2018 y a priori los asesores tiene de julio a septiembre de este año para comunicar los datos de las operaciones realizadas desde entonces hasta ahora, pasando luego a informar mensualmente de su día a día. Sin embargo, Bruselas prevé ahora darles tres meses más (prorrogables otros tantos) por la pandemia.

Los intermediarios esperaban la adaptación de la norma con la misma inquietud con la que aguardan ahora a conocer su letra pequeña. “Habrá que ver hasta dónde han querido llegar en la limitación del secreto profesional porque es probable que dé lugar a controversias en el futuro de litigación”, ilustra Eduardo Gracia, vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien detalla que también les preocupan las multas que pueda sufrir el colectivo por la información no facilitada desde junio de 2018, cuando entró en vigor la directiva, hasta ahora que se traspone.