El documento estará finalizado antes de final de año para que el Ayuntamiento pueda lanzar recibos del IBI a los edificios con actividad económica.

Fue una de las medidas estrella de la pasada legislatura:cobrar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a todos los edificios de la Iglesia que estuviesen dedicados a usos lucrativos. Es decir, todos aquellos que se utilizan con fines comerciales o empresariales. Y ahora que empieza la segunda legislatura, el Ayuntamiento de Valencia, encabezado por Joan Ribó, no ha desistido de su empeño.

De hecho, técnicos de la Concejalía de Hacienda están rastreando todos los bienes de titularidad de la Iglesia y de otras confesiones en el término municipal para dilucidar cuáles no están destinados a usos religiosos, sociales o asistenciales y poder girarles el correspondiente recibo del IBI.

El consistorio, de momento, tan sólo ha emitido cinco recibos a inmuebles de la Iglesia cuyo uso lucrativo está sobradamente demostrado, siempre según las mismas fuentes, aunque ninguno de ellos se ha hecho efectivo.

El problema que se han encontrado en Hacienda con el cobro de este impuesto es que muchas de las parcelas inscritas en el catastro a nombre de diferentes congregaciones religiosas no especifican su uso y los funcionarios han de establecer con garantías que no son edificios de culto, asistenciales o de usos sociales antes de mandar cualquier notificación.

Para ello, tal y como confirmaron las fuentes municipales consultadas, un equipo de técnicos están analizando concienzudamente los registros para determinar qué edificios de todos los que cuenta la Iglesia en la ciudad son susceptibles de afrontar el impuesto municipal. Aunque se trata de un proceso farragoso, puesto que hay que comprobar in situ que los inmuebles están destinados a usos lucrativos, la intención del departamento que dirige el socialista Ramón Vilar es que el listado definitivo esté completo antes de final de año.

Una vez con este documento, el Ayuntamiento establecerá un calendario para empezar a girar los recibos oportunos. En principio, el cálculo estimativo que han realizado los técnicos tras un primer análisis de los datos es que el consistorio pueda ingresar unos tres millones de euros en concepto de IBI a edificios religiosos con actividades comerciales bien sea una universidad privada, hospitales privados, comercios o incluso aparcamientos.

Pese a la disponibilidad de un documento que precise todos los bienes pertenecientes a cualquier confesión religiosa que se enmarquen dentro de los preceptos determinados para cobrarles el impuesto municipal, el consistorio no hará ninguna previsión de ingresos extra en los próximos presupuestos.

En la Concejalía de Hacienda son conscientes de la dificultad que supondrá cobrar este impuesto tras años sin ingresar ninguna cantidad por la existencia de la Ley de Mecenazgo, una normativa a la que se acogen las diferentes confesiones para evitar el pago de cualquier impuesto. No obstante, el consistorio esgrime una sentencia europea en la que se considera «competencia desleal» que los bienes adscritos a la Iglesia y se destinen a fines lucrativos no estén sujetos a ninguna carga impositiva como cualquier otra actividad económica.

Así, según esta argumentación, las universidades de la Iglesia tendrían una ventaja con respecto a cualquier otro centro privado, puesto que estarían exentos de cualquier impuesto, no sólo del IBI. Pese a todo, en el consistorio creen que habrá resistencia legal desde la Iglesia contra el abono del impuesto.

Dentro del calendario de cobro a este tipo de establecimientos religiosos con fines comerciales, el Ayuntamiento lo que sí ha puesto en marcha es la recaudación del Icio (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Vilar confirmó que ya se han lanzado los recibos de este impuesto.

Fuente: ElMundo.es