El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha advertido este martes de que la directiva europea sobre los intermediarios tributarios (DAC6) podría afectar al derecho a la intimidad de los ciudadanos.

En un encuentro con medios para presentar un informe sobre la trasposición de la directiva, que debe realizarse antes de fin de año, Alemany ha defendido el derecho de los contribuyentes a consultar a un profesional sin que su información fiscal «vaya a ser inmediatamente detallada y transmitida a la administración tributaria».

«La hacienda publica se va a convertir en un ‘gran hermano’ que va a tener todo tipo de derechos sobre nosotros y va a reducir nuestra esfera de intimidad», ha resumido.

La DAC6 establece un control preventivo del fraude fiscal consistente en la obligación de que los intermediarios tributarios informen a la administración sobre mecanismos transfronterizos potencialmente elusorios de los que tengan conocimiento y que las administraciones tributarias intercambien esos datos automáticamente con el resto de países europeos.

Los asesores fiscales lamentan que la directiva es poco precisa -ni siquiera detalla que es una operación potencialmente elusoria-, de manera que su transposición en los diferentes países podría generar graves distorsiones.

Desde la sección de fiscalidad internacional de Aedaf, Alfredo García Prats, destaca como aspecto clave la regulación del secreto profesional, que «podría dispensar a determinados profesionales de la obligación de revelar información».

De hacerse en unos países y en otros no o de establecerse obligaciones diferentes, se podrían «provocar distorsiones en la competencia» del mercado de asesores fiscales, según Alemany, que apela a la coordinación e incluso a que las normas tributarias europeas dependan del Parlamento en lugar de la Comisión.

Aedaf también carga contra la ineficiencia de tener que transmitir a la Administración información de todas las operaciones, ya que esta no tiene capacidad para investigarlas.

Argumentan que un mismo mecanismo puede tener decenas de intermediarios que han asesorado en distintos momentos -por lo que enviarán información potencialmente discordante- e incluso puede que la operación no llegue nunca a efectuarse.

Por ello, reclaman listas blancas, grises y negras en las que se establezca el riesgo asociado a cada tipo de operación para facilitar la tarea de los intermediarios y de la propia administración tributaria, que tendrá que gestionar una avalancha de información.

En cuanto a las consecuencias, la directiva no las establece, sino que depende de cada país. En ese sentido, desde Aedaf reclaman que aunque la directiva se aplique de manera retroactiva desde julio de 2018 no exista régimen sancionador para el periodo que transcurra hasta su transposición.

En cuanto a la transposición en España, todavía no ha trascendido ningún borrador, aunque los asesores creen que podría realizarse a través de un reglamento, sin pasar por el Parlamento, e incluso ampliar la propia directiva para abarcar también las operaciones domésticas.

Fuente: ElConfidencial.com