El Pleno del Congreso examina este jueves el decreto ley aprobado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministros con el que obligó a las entidades financieras a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados en la suscripción de hipotecas.

La mayoría de partidos ha pedido que el real decreto ley que obliga a la banca a asumir el pago del impuesto de las hipotecas se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá incorporar enmiendas, aunque el cambio normativo será previsiblemente convalidado con el aval de casi todos los grupos.

Durante el debate de convalidación en el Pleno del Congreso, todos los grupos han apoyado el real decreto ley salvo el PP, PNV, EH Bildu, que previsiblemente se abstendrán a falta de la votación, y varios han reclamado la tramitación como proyecto de ley, entre ellos PP, CS, ERC, PNV y PDeCAT.

El diputado del PP Carlos Floriano ha pedido que se suprima este impuesto y ha señalado que el real decreto ley adolece de «lagunas» que podrían provocar «problemas judiciales». «¿Quién no repercute la subida de sus costes a sus clientes?», ha interpelado a la ministra, por lo que ha pedido que se tramite como proyecto de Ley.

Desde el PSOE, Patricia Blanquer ha rechazado la eliminación de este impuesto porque se dejarían de atender servicios públicos financiados por las comunidades autónomas.

Unidos Podemos votará a favor pese a que, ha subrayado la diputada Lucía Martín, «ni es suficiente ni el Gobierno esté haciendo lo necesario» para proteger a los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha criticado la «improvisación» del Gobierno ante un impuesto soportado por los españoles durante 33 años y ha apostado por liberar a las familias de esta carga.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha dicho que su formación se abstendrá porque Euskadi tiene competencia normativa sobre este impuesto, aunque apoyarán que pueda tramitarse como proyecto de Ley.

El diputado de ERC Joan Margall ha apoyado la convalidación por «convicción» y también ha pedido que pueda enmendarse para que pueda ser retroactivo y para evitar que los bancos lo repercutan a los clientes.

Desde el PDeCAT, el diputado Ferrán Bel ha avanzado que su partido votará a favor y solicitará la tramitación como proyecto de ley, aunque ha cuestionado la «coherencia» de que este sea el único impuesto que no puede deducirse en el impuesto de sociedades.

El diputado de Compromís Joan Baldoví ha lamentado que los tribunales no hayan permitido recuperar lo abonado a los hipotecados y el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha valorado la seguridad que ofrece aunque ha reclamado la derogación.

EH Bildu, en cambio, se abstendrá, según ha explicado la diputada Marian Beitialarrangoitia, porque este cambio es una «anécdota» en la tendencia de permitir cláusulas abusivas a la banca, mientras que el diputado Salvador Armendáriz (UPN) ha considerado que no será efectivo y que se repercutirá a los clientes.

El decreto modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), para que fueran los bancos, y no los clientes, los que abonaran este impuesto.

Además de la modificación del artículo 29 de la ley del ITP y AJD, el decreto ley también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

Tras la decisión del Supremo

La aprobación de este decreto se produjo horas después de conocerse que el Tribunal Supremo había acordado que era el consumidor quien debía pagar este impuesto, la principal carga fiscal al constituir una hipoteca.

Una decisión contestada por todas las fuerzas políticas, que pidieron que este gasto no recayera sobre el consumidor, y que rectificaba un cambio de jurisprudencia, ya que en un inicio este Tribunal había fallado a favor del consumidor.

Repartos de gastos en el Congreso

Tanto la deliberación en el Tribunal Supremo, como la aprobación del decreto ley, se produjo durante la tramitación del proyecto de ley de crédito inmobiliario, en el que hasta entonces los grupos parlamentarios no se habían decidido a especificar quién debía asumir este gasto.

De hecho, únicamente Unidos Podemos y PDeCAT habían realizado propuestas al respecto, los primeros para que fuera el banco quien lo pagara, y los segundos el consumidor. Conocida la deliberación del Supremo, los grupos apostaron por realizar un reparto en función de la decisión que adoptara el Supremo.

Un criterio que, ante la fuerte contestación de la decisión final de los magistrados, decidieron obviar, pues el acuerdo para repartir los gastos de este impuesto al banco. Finalmente, únicamente se atribuirá al consumidor los gastos de tasación.

Fuente: ElEconomista.es