Las asociaciones de asesores fiscales Aedaf y Asefiget alertan de que la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones financieras en España podría desembocar en una fuga de capitales, por lo que ponen la atención sobre el diseño que se dé a este tributo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de septiembre que el Ejecutivo estudia implantar un impuesto a las transacciones financieras o «tasa Tobin», una iniciativa que ya formaba parte de los presupuestos alternativos del PSOE cuando estaba en la oposición y que vendría a sustituir al anunciado tributo para la banca.

En las últimas semanas, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha concretado que este impuesto tomará como modelo el gravamen francés, en funcionamiento desde 2012, aunque «habrá que adecuarlo a la realidad española».

La tasa francesa grava con un tipo del 0,3 % la adquisición de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros, un cargo que recae sobre el comprador pero que liquida el intermediario de la operación.

Adicionalmente, según explica el experto de Aedaf Eduardo Gracia, grava dos conceptos que buscan perseguir la especulación.

En primer lugar, grava con un 0,01 % las operaciones sobre valores con alta frecuencia en el mismo día, es decir, cuando un operador residente en Francia efectúe más del 80 % de las operaciones sobre un determinado valor en un día.

En segundo, grava la compra de seguros de impago de deuda (CDS) de bonos de países de la Unión Europea, también con un tipo del 0,01 %.

Gracia considera que sería sencillo poner en marcha en España un impuesto similar al francés, aunque alerta de la necesidad de cuidar el tipo que se aplica para evitar fugas de capitales a otros países, especialmente dado el pequeño tamaño del mercado español.

Así, apunta que el tipo debería oscilar entre el 0,2 % y el 0,3 % para la compra de acciones, en línea con el francés (0,3 %) y el italiano (0,2 %) aunque por debajo del que cobra el Reino Unido (0,5 %), si bien este tiene una configuración algo diferente y existe desde hace muchos años, por lo que está ya asumido.

También el presidente de Asefiget, Adolfo Jiménez, advierte del riesgo de fuga de capitales. «Si aquí me cobran y en otro sitio no, me marcho», zanja.

Para evitarlo, Jiménez aboga por que el impuesto se aplique en todos los países al mismo tiempo, lo que se traduciría en que las operaciones financieras contribuyeran fiscalmente y se evitaría la huida de inversores, con la consiguiente merma de recaudación, como ocurrió en Francia.

En paralelo a la puesta en marcha del impuesto en España, diez países de la Unión Europea -España, Alemania, Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia y Bélgica- tienen una cooperación reforzada para introducir una tasa a las transacciones financieras.

Esta cooperación lleva en marcha desde 2012, después de que los Veintiocho rechazasen abordar la tasa en conjunto, y se estancó después de que Estonia se descolgase del grupo.

Fuente: ElConfidencial.com