La aspiración sectorial de dejar de aplicar esas normas choca con el plan del PSOE de fijar un impuesto bancario.

La banca española continúa pensando que ha llegado el momento de dejar de aplicar los llamados «decretos Guindos» con que el Gobierno popular obligó en 2012 al sector a elevar sus provisiones en 78.000 millones de euros para aflorar la morosidad oculta en el sistema financiero nacional. Las entidades del país ya habían solicitado en los últimos meses al Ejecutivo popular que derogase las dos normas de saneamiento, y según fuentes financieras consultadas por ABC, lo reclamarán ahora al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los bancos consideran, en primer lugar, que esos decretos eran excepcionales y tuvieron sentido en un determinado momento, pero ya no, pues la situación del sistema es bien diferentes. Pero además no buscarían con su anulación tanto un relajamiento del esfuerzo en el volumen de provisiones frente a posibles impagos en sus carteras crediticias como evitar solapamientos, duplicidades e incluso incoherencias entre esta legislación nacional y la nueva normativa contable internacional que entró en vigor el pasado enero de 2018 y conocida como IFRS9.

Esta nueva norma ha cambiado el criterio de constitución de esas dotaciones, pasando a hacerlas según los quebrantos esperados a futuro en lugar de hacerlo en función de las pérdidas incurridas, como fijaba el modelo contable nacional actual. Fuentes de varios bancos explican que las dos normas no solo son incompatibles, sino que además van en contra de la armonización europea e incluso global que persiguen las autoridades comunitarias e internacionales.

Decisión política

La banca, que ha venido haciendo esta reclamación por boca de los mayores bancos y principalmente a través de las dos grandes patronales sectoriales –la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)–, ha contado al menos hasta ahora con la opinión favorable tanto de la secretaría del Tesoro como del Banco de España, y la derogación de los dos decretos dependía solo de una decisión política.

El primer real decreto ley de saneamiento del sector financiero, de febrero de 2012, impuso provisiones adicionales por 50.000 millones; y el segundo, de mayo de ese mismo año, por 28.000 millones. A principios de este año los bancos pidieron su derogación aprovechando la entrada en vigor de IFRS9, explicando al Ejecutivo que el incremento en provisiones que supone esta nueva norma se compensaría con la reducción de provisiones fruto de eliminar los decretos Guindos, siendo por tanto el efecto neto neutro.

En ese momento aún estaba al frente del Ministerio de Economía Luis de Guindos, que difícilmente aceptaría la derogación de la parte esencial de la reforma bancaria, que considera no solo su legado, sino esencial en la recuperación económica del país. Por eso la banca vio una oportunidad de retomar esta petición con la llegada al Ministerio de Román Escolano. Sin embargo, este nunca llegó a estudiar este asunto, según las fuentes.

Los planes de la banca, a la espera de que el nuevo Gobierno socialista se ponga en marcha, son ir retomando esa petición, que ahora tendrán que hacer con dos nuevos interlocutores. En primer lugar, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que sería la encargada de articular a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) esa derogación. En segundo, el nuevo gobernador del Banco de Espa- ña, Pablo Hernández de Cos, o el futuro subgobernador en cuanto se designe, pues es el cargo de la institución que suele llevar el peso de los asuntos supervisores.

Nuevo impuesto

Si bien la banca no contaría con objeciones del Banco de España y cree que es defendible por cuanto toda esa normativa cruzada puede afectar a la concesión de crédito a la economía real, otra cosa será la postura del Gobierno socialista. No solo porque es una decisión que hay que calibrar bien para evitar trasladar a la ciudadanía el mensaje equivocado de que se relajan los requisitos de provisiones a la banca después de la crisis financiera; esto es lo que hizo que el PP no tomase esa decisión, y podría usarlo ahora desde la oposición como argumento contra el Ejecutivo de Sánchez si este acepta derogar estas normas.

Pero es que además esto chocaría completamente con los planes socialistas de imponer un impuesto específico para la banca en 2019 y otros a las transacciones financieras, intenciones en las que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha ratificado recientemente. De hecho, en el sector financiero se da por hecho que esta tributación se acabará aprobando.

Fuente: Abc.es