El Gobierno está dispuesto a arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores. El Consejo de Ministros recibió ayer un informe del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que incluye esta y otras medidas sobre las dos profesiones.

Según el Ministerio de Justicia, la Ley eliminará las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales y permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una misma entidad, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones. El Ministerio asegura que durante la tramitación del proyecto se contará, entre otros, con los informes y participación del Consejo General de los Procuradores de España y del Consejo General de la Abogacía Española, que se completará con el resto de los informes preceptivos, siendo sometido al dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a su aprobación como proyecto de Ley.

Fuentes del Departamento dirigido por Catalá aseguran que «la independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguirá estando plenamente garantizada en todo caso por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura».

El proyecto normativo que pretende impulsar el Ejecutivo responde a la necesidad de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, así como dar una respuesta integral y coherente a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente. El Gobierno asegura que la tramitación de este proyecto de reforma se efectuará mediante el procedimiento de urgencia con el fin de lograr con agilidad la adecuación y plena coherencia de nuestra normativa con el ordenamiento jurídico comunitario.

Fuente: ElEconomista.es