El Gobierno eleva un 8,5% el techo de gasto para 2026, hasta los 216.000 millones, y otro tanto la previsión de recaudación, a 352.000 millones, aunque asume que no presentará proyecto hasta febrero.

El Gobierno dibujó ayer un gasto récord, sustentado en una recaudación igualmente histórica, como clave de bóveda del proyecto presupuestario que prepara para 2026 y que está dispuesto a presentar al Parlamento, con varios meses de retraso y pocos visos de prosperar, bien sea para tratar de amarrar la recta final de la legislatura, si tiene éxito, o para cargarse, al menos, de argumentario electoral, si fracasa. «Trabajo en unos Presupuestos que sean atractivos para todos y que nos permitan, si me apuran, que nadie se pueda resistir a aprobarlos», dijo ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros que aprobó las nuevas proyecciones económicas y presupuestarias del Gobierno.

Como «primer hito para la aprobación de los Presupuestos de 2026», y a fin de dar cabida a las nuevas cesiones que sean necesarias para desbloquear el apoyo de sus habituales socios parlamentarios, el Gobierno aprobó ayer un techo de gastó inédito para 2026, que por primera vez supera la barrera de los 200.000 millones de euros. Y no por poco. El límite del gasto no financiero total anunciado para 2026, incluyendo los fondos europeos Next Generation, asciende a 216.177 millones, un 8,5% más que en 2025. La cifra, que vuelve a incluir una transferencia de 23.000 millones para cubrir gastos de la Seguridad Social, implica un aumento de 17.000 millones respecto a 2025 que deja a Montero un amplio margen para ejecutar nuevas políticas y costear compromisos con sus aliados. Incluso descontando las ayudas europeas, el techo de gasto nacional se elevaría a 212.026 millones, de nuevo un 8,5% más que en 2025, y 16.673 millones extra.

Esta es la base de «unos Presupuestos que, ya adelanto, van a ser expansivos y responsables», subrayó Montero, anticipando que «seguirán reforzando el Estado del bienestar, abordando problemas como el del acceso a la vivienda, pero también serán acordes con reglas fiscales, continuando con la reducción del déficit y de la deuda pública».

La clave para lograrlo es la elevada previsión de recaudación de impuestos que también baraja el Gobierno. En este sentido, Montero estimó que el ejercicio 2025 acabará arrojando «unos ingresos tributarios por encima de los 325.000 millones», lo que implicaría un incremento del 10,3% respecto a los 295.000 de 2024, y más de 30.000 millones de recursos adicionales. A partir de ahí, detalló, la previsión de Hacienda es que en el año 2026 la recaudación se eleve otro 8,5%, lo que supondría rondar los 353.000 millones, casi 28.000 millones extra respecto a 2025. Una cuantía que se alcanzaría «sin ningún tipo de actuación» ni de «medidas adicionales en materia fiscal o nuevas figuras impositivas». Es decir, sin subir impuestos, por pura inercia, gracias al efecto del crecimiento económico (del 2,9% este año y el 2,2% en 2026, según las nuevas previsiones económicas del Gobierno), de la renuncia de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, y de la última reforma fiscal, que según Montero aún se está «estrenando» y que incluye palancas «tributarias que tienen todavía capacidad de rendimiento» por delante.

Aunque el Gobierno tiene pendientes compromisos con Bruselas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno renuncia a impulsar nuevas medidas fiscales dada «la dificultad que tenemos para acometer reformas de este tipo en el Congreso de los Diputados».

A partir de esta previsión de ingresos y gastos, el Gobierno aprobó ayer una nueva senda fiscal que pasa por reducir el déficit desde el 2,5% del PIB previsto para 2025 al 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. El grueso del ajuste recaería en la Administración General del Estado, que debe rebajar su agujero fiscal al 1,8%, el 1,5% y el 1,4%, respectivamente. A su vez, las autonomías mantendrían de margen una décima de déficit anual todo el periodo; la Seguridad Social, dos décimas iniciales, a reducir a una en 2028, mientras los ayuntamientos deberán tener equilibrio presupuestario.

«Ventana de oportunidad»
Conviene recordar que, a diferencia del techo de gasto que es potestad del Gobierno, la senda fiscal requiere el aval del Parlamento y que fue su rechazo -con los votos de Junts, PP y Vox- el que frustró el proyecto presupuestario de 2025 antes siquiera de nacer. Esta vez, y tras dos años de prórroga consecutiva de las cuentas de 2023, Montero aseguró que presentará proyecto presupuestario, aunque con varios meses de demora frente al límite constitucional de final de septiembre.

La vicepresidenta confía en saldar antes de fin de año la tramitación de la senda fiscal (que puede tener que presentar hasta en dos ocasiones), advirtiendo de que si es rechazada por las Cortes seguirá adelante con la vigente, restando 5.500 millones de margen de gasto a las regiones.

A partir de ahí, Montero asumió que la presentación del proyecto presupuestario de 2026 ante el Parlamento tendrá que esperar hasta «mediados del primer trimestre del año que viene». «No creo que antes podamos presentar esas cuentas, porque todavía requieren mucha intensidad de diálogo con los partidos políticos, de manera que pudieran estar aprobados a lo largo de abril o mayo». En todo caso, repuso, su plan pasa por «aprovechar cualquier ventana de oportunidad» para presentarlos a votación en cuanto haya suficientes «grupos dispuestos a apoyarlo».

El nuevo cuadro macro prevé crecimientos sobre el 2% hasta 2028, año en que la deuda bajaría del 100% del PIB
«Pese a la desaceleración económica en los países de nuestro entorno, España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente», reivindicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al detallar el nuevo cuadro macroeconómico aprobado por el Consejo de Ministros para sostener el proyecto presupuestario en ciernes. El Ejecutivo ha revisado al alza la previsión de avance del PIB para 2025 del 2,7% al 2,9%, estimando un 2,2% para 2026, y un 2,1% para 2027 y 2028. «La economía española mantendrá esta capacidad de crecimiento sostenida por encima del 2%» durante todo el periodo tras liderar el avance de las economías desarrolladas en 2024 y 2025, y doblar la tasa de avance de la zona euro el próximo año. Cuerpo destacó, asimismo, la «responsabilidad fiscal» que ha demostrado el Gobierno y el logro que supone recuperar un superávit primario, una vez eliminado el coste de la deuda, tras sacar a la economía «sin cicatrices» de la crisis del Covid. En este sentido, el Gobierno detalló que prevé rebajar el peso de la deuda pública sobre el PIB hasta el 100,9% en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028, después de haber alcanzado su máximo histórico, en el 120%, durante la pandemia. A la hora de explicar la revisión de las previsiones, el ministro de Economía admitió el fuerte peso del recálculo del PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como su previsión de que la economía avance otro 0,6% o 0,7% en el cuarto trimestre. Más allá, Cuerpo destacó la importancia del buen comportamiento del consumo privado, la demanda externa y la inversión en la evolución económica, así como el peso de las ayudas europeas Next Generation, la «gran arma económica» de los últimos años. Finalmente, Cuerpo detalló que el Gobierno ha introducido novedades metodológicas en el cuadro macro, incorporando nuevos indicadores de desigualdad y pobreza. Así, el ministro destacó que la tasa de riesgo de pobreza ha caído en España en 1,8 puntos desde 2018, hasta el 19,4% en 2025, reduciendo en un tercio la brecha con la eurozona, y que aspira a llevarla al 19,1% para 2028.

Fuente: Expansión