La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) presentó este mes de octubre una propuesta de reforma del sistema de consultas tributarias que merece atención prioritaria por parte de ecosistema empresarial, los operadores jurídicos y los responsables de política fiscal. Esta sugerencia pone el foco en una cuestión crítica: la necesidad de actualizar un marco regulador que lleva más de veinte años sin cambios sustanciales, en un entorno fiscal que ha evolucionado profundamente.

Las consultas tributarias vinculantes son una herramienta diseñada para que los contribuyentes puedan anticipar el impacto fiscal de sus decisiones, obteniendo una interpretación oficial de la normativa antes de actuar. Este mecanismo busca ofrecer certeza, protección frente a cambios de criterio y fomentar el cumplimiento voluntario. Sin embargo, en la práctica su eficacia se ha visto limitada por una regulación compleja y dispersa, plazos excesivos y falta de una mayor adaptabilidad a la realidad empresarial.

La situación se ha visto agravada en los últimos años por diversos factores, entre ellos la hiperactividad normativa, la complejidad técnica de las normas, la influencia creciente del Derecho de la Unión Europea y la evolución jurisprudencial que, en ocasiones, ha limitado el carácter vinculante de las respuestas. Esto ha fomentado un entorno de mayor incertidumbre que impacta directamente en la planificación fiscal de las empresas y en su capacidad de inversión.

Uno de los aspectos más urgentes de atender es la adecuación del régimen de consultas a la diversidad y complejidad de las operaciones empresariales actuales. El sistema actual es homogéneo: aplica el mismo procedimiento, plazo y efectos a prácticamente cualquier tipo de consulta, sin distinguir entre operaciones simples y aquellas que implican reestructuraciones, implicaciones internacionales o incentivos fiscales relevantes.

AEDAF propone introducir mecanismos que ya existen en otros sistemas como el italiano o el foral vasco. En Italia, por ejemplo, el derecho a formular consultas tributarias, diritto di interpello, se ha reformado recientemente para incluir hasta seis tipos distintos de consultas adaptadas a la naturaleza de cada caso. En el País Vasco, los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han desarrollado sistemas de tax rulings o acuerdos previos de tributación que permiten pactar con la Administración el tratamiento fiscal de operaciones relevantes, previa descripción exhaustiva de los hechos. Estos modelos ofrecen mayor flexibilidad, seguridad y capacidad de adaptación.

La propuesta también contempla la necesidad de reducir los plazos de respuesta, actualmente de hasta seis meses. Además, plantea regular la eficacia temporal de los cambios de criterio interpretativo para evitar que se apliquen retroactivamente a operaciones ya realizadas conforme a una consulta anterior. Esta situación, que se ha dado en casos recientes como el del Credit Suisse, genera un riesgo económico para los contribuyentes.

Otro punto crítico es la posibilidad de verificación de los hechos descritos en las consultas. En muchos casos, la Dirección General de Tributos responde sobre situaciones planteadas de forma abstracta, sin posibilidad de comprobar las circunstancias concretas. Esto genera respuestas preliminares, condicionadas a futuras comprobaciones, que reducen el valor vinculante de la consulta. AEDAF propone avanzar hacia un sistema que permita acuerdos previos sobre hechos verificados, como ocurre en los sistemas forales, donde se pueden presentar propuestas previas de tributación sobre operaciones de especial trascendencia o complejidad.

Desde una perspectiva empresarial, estas propuestas son especialmente relevantes. De aplicarse, las compañías podrán anticipar el impacto fiscal de sus decisiones con mayor eficacia, planificar sus inversiones con seguridad y operar en un entorno regulador más predecible.

En síntesis, modernizar el sistema de consultas tributarias es clave para que las empresas operen con mayor confianza en un entorno fiscal cada vez más complejo y globalizado. Apostar por esta propuesta de reforma significa apostar por una mayor seguridad jurídica, competitividad y estabilidad, pilares esenciales para atraer inversión y sostener el crecimiento económico.

Fuente: Cinco Días