El Ministerio de Hacienda ha impuesto un severo límite a la contratación de personal en Logirail, la filial de servicios del grupo Renfe, lo que ha obligado a la compañía a externalizar parte de su actividad. Fuentes de Renfe confirman que el Ministerio establece anualmente un cupo de contratación temporal para Logirail y que esa restricción ha forzado a «ajustar determinados servicios que Renfe sigue necesitando en el actual contexto», especialmente en relación con los cortes del servicio por obras en la infraestructura. Ante la imposibilidad de cubrir todas las necesidades con personal propio, la operadora ha optado por licitar externamente los servicios afectados.

Según han hecho público varios sindicatos, Hacienda está interviniendo de facto en la gestión de Logirail. La Dirección General de Costes de Personal ha bloqueado parte de las contrataciones temporales, no ha autorizado la masa salarial de 2024 ni el III Convenio Colectivo, y además impedirá el cobro de un complemento personal (ad personam) a partir del 1 de enero de 2026.

Esta decisión afecta a más de 200 empleados, la mayoría de los departamentos de Informática y Centros de Competencias Digitales, que verán recortado un complemento que en algunos casos representa hasta el 30% del salario.

La medida ha generado un fuerte malestar entre la plantilla. Según explican desde CCOO, Logirail ha enviado cartas a los trabajadores comunicando la supresión del complemento, lo que califican como un «duro golpe» a las condiciones laborales y una muestra del deterioro de la gestión pública de la empresa. El sindicato ha convocado una concentración el 23 de octubre en los Cabezones de Atocha y advierte de futuras huelgas si la empresa no revierte la decisión.

Logirail, con más de 4.000 empleados, nació como un medio propio de Renfe para centralizar servicios como limpieza, maniobras, transporte interno, digitalización o atención al viajero. Sin embargo, los sindicatos coinciden en que su crecimiento no ha ido acompañado de un modelo claro ni de una dirección estable.

De hecho, su presidente en los últimos cinco años, Óscar Gómez Barbero, se jubiló hace unas semanas. El bloqueo administrativo y la ausencia de autorización para nuevas contrataciones temporales —773 frente a las 1.000 solicitadas para 2025— han dejado a la empresa sin margen para cubrir todos los encargos del grupo ferroviario.

Privatiza personal de apoyo en incidencias y mantenimiento
Entre las consecuencias inmediatas figuran la renuncia a servicios considerados coyunturales, como los Planes Alternativos de Transporte (PAT), y la reestructuración de turnos y horarios en las áreas con menor dotación. En algunas zonas de la llamada «España vaciada», donde Logirail mantenía presencia en estaciones rurales, la compañía ha reducido actividad o dejado servicios mínimos.

La situación también afecta a la Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Valladolid, donde buena parte de los servicios internos de transporte, carga y limpieza han sido adjudicados a una empresa privada, Vectalia Rail. Para los sindicatos, esta licitación «abre la puerta a la privatización de funciones que hasta ahora realizaba personal público» y consolida una tendencia de externalización progresiva dentro del grupo.

Desde UGT, la crítica apunta directamente a la cúpula de Renfe y Logirail, a quienes acusa de «pasividad» ante el veto de Hacienda y de permitir la pérdida de más de un centenar de empleos públicos. El sindicato denuncia que los presidentes de ambas compañías «no asumen su responsabilidad en la defensa de sus empresas ni de su plantilla» y que las decisiones actuales «restan empleo, rentabilidad y beneficio público para favorecer a empresas privadas».

Por su parte, CGT considera que la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha agravado el bloqueo, impidiendo aplicar mejoras salariales y laborales acordadas en los convenios. Esta paralización, sostiene el sindicato, «ha provocado frustración entre las plantillas y retrasado avances esenciales en jornada, conciliación y salud laboral».

El Sindicato Ferroviario añade que la raíz del conflicto del complemento ad personam está en la propia precariedad de la empresa. Según su versión, las anteriores direcciones utilizaron esos pluses para atraer personal cualificado o compensar salarios bajos, sin respaldo normativo en los convenios colectivos.

Hacienda habría detectado ahora esos pagos y ordenado su eliminación. Esta organización reclama la creación urgente de una mesa de negociación para reordenar las retribuciones y advierte de que la plantilla mantiene convocados paros todos los viernes de octubre «contra la precariedad en Logirail».

Fuente: El Economista